El Gobierno, por medio del M.J., en un nuevo intento de agilizar la Justicia, que buena falta hace, piensa en reformas de la Ley procesal. Quieren rapidez, pero, al mismo tiempo, no quieren aumentar la plantilla de los jueces, no quieren gastar mucho dinero. Con poco quieren hacer mucho. Buena idea si así pudiera ser.
1ª Medida, que no lleguen a los Juzgados los casos sin autor conocido. La Policía tendrá 72 horas para descubrir la autoría del delito y si no lo consigue tendrá que cerrarlo. Y los atestados quedarán conservados por la Policía a disposiciones de jueces y fiscales, por si más tarde aparece el autor. Así sacarían del Juzgado el 40 % de las diligencias previas que luego irían al archivo.
Y si a eso le sumamos que los casos que tienen de fondo una cuestión civil se presentaran en la Fiscalía y si ésta no acusaba, allí quedarían archivados, más aliviados de trabajo quedarían aún.
La 2ª medida sería que los procedimientos venidos de los casos en que los ciudadanos son sorprendidos en un control de alcoholemia y dan positivo, estos reciban en su domicilio una propuesta de acusación que les remitiría por correo el fiscal, con una sensible rebaja de la pena si aceptaban la acusación, y si la respuesta es positiva, tendrían que devolver el escrito firmado al fiscal, y luego recibirían en su casa, de nuevo, la sentencia condenatoria.-
Con esta medida se bajarían en el 50 % las condenas dictadas por los Tribunales, según indican fuentes oficiales.
Así el trabajo diario de los jueces “se concentrarían en actividades más provechosas”, mejorando el tiempo de respuestas judicial. Entendemos que con la 2ª se podría atacar el derecho a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.-
Estas medidas podrían ser acertadas para agilizar la Justicia. Pero son remiendos y significarían una minimizada para tal agilidad. Seguiríamos con la necesidad de más jueces, más personal y más medios materiales. Sólo se piensa en los grandes delitos por corrupción (están de moda, como los jueces “estrella”, que no existen) y en los juicios de mayor cuantía. Y los asuntos de menor cuantía y los de faltas, también deben de ser resueltos con la urgencia necesaria, al menos para que no caduquen. Los demás ciudadanos también tenemos derecho a una Justicia ágil, de primera y no cara (que no nos excluyan con tasas y con el afán de recaudar –es escandaloso lo que ingresa la Administración por pequeñas cantidades que para defenderlas necesitas abogado y procurador y que se da la paradoja de que éstos no quieren defenderte por lo ínfimo de lo reclamado, ya que te tendrán que cobrar más que lo que reclamas, lo que hace imprescindible que en lo social y en el contencioso administrativo se admitan asuntos sin la necesidad de abogado como ahora se hace en lo civil con los llamados monitorios- y a los abogados “estrella”).-
Otros peros que le vemos serían el fenómeno de la privatización de servicios públicos, así como el de otro ataque a la clase media y a los pueblos pequeños, el rural, en cuanto a su subsistencia.-.
¿Cómo? Para conseguir la autoría del delito, los de dinero usarían detectives privados y la clase media y baja no podrían pagarlos, lo que implicaría una Justicia cara y al alcance sólo de los adinerados. Crecería el número de trabajadores detectives de tal modo que daría lugar a sobrantes en esta profesión y que ésta estaría mal pagada e incluso con contratos de pacotilla.
Además podría aparecer a medio plazo el fantasma que genere desconfianza en las autoridades municipales y en los ciudadanos de que en los lugares no capital de provincia desaparecieran los actuales Juzgados al disminuirles el trabajo, y no queremos con ello inquietar o alarmar a nadie y menos crear una situación de a vueltas con los Juzgados. Así lo opino.
 
 
LORENZO ARES ROBLES - Mondoñedo


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