En los últimos años, hemos sido testigos de una oleada de nuevas leyes que afectan directamente a las empresas, la ley 11 2021, conocida como la Ley Antifraude, es un claro ejemplo. En el dinámico y competitivo mundo empresarial, la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios regulatorios es crucial para el éxito y la supervivencia de cualquier organización.
Aspectos clave de la Ley Antifraude
La Ley Antifraude (que transpone la Directiva (UE) 2016/1164) introduce nuevas disposiciones para la prevención y el combate del fraude fiscal. A continuación, resumimos los aspectos más importantes de esta reciente normativa destinada a evitar infracciones tributarias.
Límite máximo de pagos en efectivo para prevenir el fraude fiscal
La nueva normativa introduce modificaciones significativas en lo que respecta al uso de efectivo, especialmente en cuanto a los límites de pago:
- Para transacciones que involucran a empresarios o profesionales, el límite de pagos en efectivo en ciertas actividades económicas se reduce de 2.500 a 1.000 euros.
- Para particulares con domicilio fiscal fuera de España, el límite de pagos en efectivo se reduce de 15.000 a 10.000 euros.
Nuevos requisitos para el software de facturación
Con la publicación del nuevo reglamento, es importante considerar varios aspectos clave que impactan directamente en los programas informáticos de facturación.
Según esta normativa, los softwares de facturación deberán cumplir con una serie de características para asegurar que los registros realizados se adhieran a los principios de integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad.
Software de doble uso
La Ley Antifraude Fiscal, enfatiza especialmente en el software de doble uso. Dada la importancia de las nuevas tecnologías, la normativa prohíbe de manera exhaustiva la producción, posesión, uso y comercialización de programas informáticos con capacidad para ocultar la actividad empresarial y facilitar una contabilidad paralela.
Bajo esta nueva ley, los datos contables y de gestión están más protegidos para promover la lucha contra el fraude. Se ha establecido un régimen sancionador específico, que incluye pautas claras sobre la producción y tenencia de software sin la debida certificación.
Ley Crea y Crece
La aprobación de la Ley Crea y Crece, Ley 18/2022 de Creación y Crecimiento de Empresas, tiene como objetivo dinamizar el tejido productivo mediante la simplificación de trámites y requisitos para la creación de empresas.
Con esta nueva normativa, España también responde a las demandas y recomendaciones internacionales que buscan facilitar y agilizar estos procesos. Además, esta ley introduce la obligatoriedad de la factura electrónica en las operaciones entre empresarios y profesionales.
Principales objetivos de la Ley Crea y Crece
El objetivo principal de esta ley es fortalecer el tejido productivo al facilitar la creación de pequeñas y medianas empresas, que representan la mayoría del tejido empresarial. Además, esta nueva normativa busca simplificar y reducir los trámites burocráticos y los requisitos necesarios para constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada. Un tercer objetivo es incrementar no solo la productividad, sino también la calidad del empleo.
Simplifica la creación de empresas
La Ley Crea y Crece permite la creación de empresas en solo diez días mediante la ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), reduciendo costes notariales y registrales y agilizando los trámites. Además, introduce la posibilidad de constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) con un capital social de solo un euro, en lugar del mínimo legal anterior de 3.000 euros, aunque las compañías deberán reservar el 20 % de sus beneficios hasta alcanzar dicha cifra.
Factura electrónica obligatoria
Con la entrada en vigor de la nueva Ley Crea y Crece, se regula por primera vez el uso de la factura electrónica.
La normativa establece un período de transición de uno a dos años para que todos los autónomos comiencen a emitir facturas electrónicas en sus operaciones. Los autónomos personas físicas dispondrán de un plazo de tres años para empezar a comunicar el estado de sus facturas a los proveedores o a la Agencia Tributaria, aunque estarán obligados a emitir sus facturas electrónicamente desde antes.
Es importante recordar que la factura electrónica ya es obligatoria en transacciones con el sector público debido a la Ley 25/2013. No obstante, esta obligación no se aplica en todos los casos; únicamente afecta a las sociedades y, con algunas administraciones, las facturas por importes inferiores a 5.000 euros están exentas.
Foto de Andrea Piacquadio: https://www.pexels.com/es-es/foto/la-empresaria-positiva-haciendo-tramites-en-la-oficina-3756678/
Foto de Marc Mueller: https://www.pexels.com/es-es/foto/hombre-sentado-frente-a-la-computadora-380769/