En el borrador de propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, elaborado por la Comisión institucional creada por acuerdo del Consejo de Ministros, de 2 de marzo de 2.012 (fecha que nos viene a indicar que el Sr. Gallardón cuando conjugó al Sr. Obispo de Mondoñedo con nuestros Juzgados, no andaba con ironía, como pensábamos), la novedad más importante es, sin duda, la introducción del Tribunal de Instancia como nuevo órgano judicial, además de la supresión de las Audiencias Provinciales, de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción y sus partidos judiciales, y de los juzgados de Paz.
Antes de seguir, queremos que se sepa que el borrador es público.
Antes de seguir, queremos que se sepa que el borrador es público.
Tales novedades nos llevan a una situación dramática capaz de conmover a la sociedad y a un acontecimiento de gran impacto emocional en la vida de los individuos.-
Que la circunscripción del Tribunal de Instancia sea de ámbito provincial y no coincida con los actuales partidos judiciales. Que la supresión de las Audiencias Provinciales y sus competencias y algunas de los Juzgados actuales, nos obliguen a litigar incluso más allá de la provincia. Y que los Juzgados de Paz desaparezcan. Nos lleva a los ciudadanos a una economía de escala elevada en los gastos, que ataca gravemente el principio de justicia gratuita del artículo 119 de la Constitución española de 1.978. A maximizar la carencia de recursos y servicios en nuestra Ciudad. A, lo que es gravemente peor, alejarnos de la administración de Justicia, algunos con distancias desproporcionadas y no equidistantes como cuando se hablaba de un radio, de una circunscripción en forma de circunferencia, mucho más justa y lógica. Y a que a la Justicia sólo acudan, con esta reforma y las tasas judiciales recién impuestas, los pudientes, los de grandes economías. No siendo así la Justicia igual para todos, como proclama nuestra Constitución, en su artículo 14, y los derechos universales.
Pensamos que la Comisión redactora no es sensible, no tiene afecto, a la sociedad, ni es consciente de lo que la reforma puede significar para lo rural, para los pueblos pequeños y para los no tan pequeños, como Vigo, Santiago y Ferrol, en Galicia, que les dejaría, a todos ellos, sin órganos judiciales de clase alguna.
Se debe dificultar políticamente esta pretensión de la Comisión (nombrada por políticos y no la que correspondería por parte del Consejo General del Poder Judicial) y para ello los municipios de los partidos judiciales, donde está muy arraigada la noción del Juez de 1ª Instancia e Instrucción, deben emplear todas las fuerzas democráticas, demostrando su firmeza a la oposición del nuevo órgano judicial, y esencialmente a la supresión de los partidos judiciales, especialmente el de Mondoñedo (que tuvo Audiencia Provincial) buscando al mismo tiempo todo acto influyente, demostrando una sobresaliente resistencia al cambio.
Debe hacerse ver a la Comisión, al Sr. Gallardón y a los Gobiernos, que aunque se mejoró sensiblemente en los transportes y comunicaciones, aún siguen siendo, principalmente en el caso del Partido de Mondoñedo, un tanto precarias, muy escasas. No hay más que pensar que para ir hacer una diligencia a A Coruña, hay que pernoctar en esta ciudad. Como otras veces, se pretende legislar desde Madrid, sin conocimientos de nuestra querida Galicia.
Es importante destacar y que no olvide la Comisión, que es ejemplo de buena experiencia, de buen funcionamiento, y de economía, la Fiscalía de la sede del Partido Judicial de Mondoñedo, que tiene jurisdicción en toda A Mariña y en el Partido de Vilalba (que sería la más justa jurisdicción del Partido de Mondoñedo, como tan sólo hace unos días se proponía por el Consejo General del Poder Judicial, órgano idóneo para ello).. Y que resultó un mal ejemplo acumular los Médicos Forenses en la Capital, pues desde eso, a veces, se tarda en levantar un cadáver horas, aunque éste esté en la sede del Juzgado, y sus familiares a la espera angustiosa y desesperadamente. Y las autopsias en la capital son un sufrimiento para los familiares de la víctima e, incluso, para sus amigos. Todo esto venido de las distancias de que hablamos antes.
Nos atrevemos a opinar, con todos los respetos, que los Tribunales de Instancia serán una dificultad de índole constitucional al suponer una merma de las garantías impuestas en los artículos 24 y 117 de la Constitución. Más distancia a los hechos, menos agilidad judicial, ya de por sí y ahora destacada, y más gastos para la Administración.-
Podía prestarse tal tribunal, de no tener todas o las necesarias cautelas, a manipulaciones espurias en menoscabo de la inmovilidad de los jueces, que, incluso, estaría dentro de funciones ingratas al encomendarle funciones variadas de cada poco tiempo y no especializadas, y producirle menor estabilidad, con el consiguiente peligro para la inamovilidad judicial.
Producirá mal estar entre los jueces si al miembro de una Sección Colegiada se le encargan funciones de juez unipersonal, e incluso de instrucción.
Ya la misma Comisión considera lo que se acaba de comentar como un punto crucial.
No vemos justo que tanto se hable de la supresión de las Diputaciones Provinciales y que políticamente se consideren viables y que no pase lo mismo con las Audiencias Provinciales que se suprimen.
Es incomprensible que se supriman los Juzgados de Paz-Registros Civiles, ya tan arraigados, lo que llevará a un mayor gasto económico de los ciudadanos que se verán obligados a pagar más servicios, como por casarse o por inscribir a un hijo y a perder cada vez más servicios.
Y producirá la injusticia de que por un accidente de circulación de poca cuantía, la sociedad tenga que acudir al Tribunal de Instancia a la capital de la provincia, ocasionándole gastos que antes no tenían, y, en algún caso, superior a los daños y perjuicios reclamados.
Pueda ser cierto que por un tiempo continúen los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción en período transitorio como pasó con los Juzgados de lo Penal que también, en un principio, se trasladaban a las sedes de aquellos a celebrar juicios, lo que resultaba ingrato para los jueces y para todos los demás funcionarios y presentaba cierta inseguridad en el procedimiento.
En fin, del borrador se saca, con claridad, que los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, las Audiencias Provincial y los Juzgados de Paz DESAPARECEN, y los funcionarios que vayan preparando las maletas y pidiendo traslado. Y Mondoñedo que vaya mirando otra forma de vida.
Se debe recabar con ahínco la anterior propuesta elaborada por el Consejo General del Poder Judicial, que por otra parte es el competente para ello y no ningún experto nombrado por el Gobierno. Esto es politizar más la Justicia, de lo que está. Y termino: ¡!!Gallardón, cabrón sin mala intención, DIMISIÓN!!!
Así lo opino.
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Que la circunscripción del Tribunal de Instancia sea de ámbito provincial y no coincida con los actuales partidos judiciales. Que la supresión de las Audiencias Provinciales y sus competencias y algunas de los Juzgados actuales, nos obliguen a litigar incluso más allá de la provincia. Y que los Juzgados de Paz desaparezcan. Nos lleva a los ciudadanos a una economía de escala elevada en los gastos, que ataca gravemente el principio de justicia gratuita del artículo 119 de la Constitución española de 1.978. A maximizar la carencia de recursos y servicios en nuestra Ciudad. A, lo que es gravemente peor, alejarnos de la administración de Justicia, algunos con distancias desproporcionadas y no equidistantes como cuando se hablaba de un radio, de una circunscripción en forma de circunferencia, mucho más justa y lógica. Y a que a la Justicia sólo acudan, con esta reforma y las tasas judiciales recién impuestas, los pudientes, los de grandes economías. No siendo así la Justicia igual para todos, como proclama nuestra Constitución, en su artículo 14, y los derechos universales.
Pensamos que la Comisión redactora no es sensible, no tiene afecto, a la sociedad, ni es consciente de lo que la reforma puede significar para lo rural, para los pueblos pequeños y para los no tan pequeños, como Vigo, Santiago y Ferrol, en Galicia, que les dejaría, a todos ellos, sin órganos judiciales de clase alguna.
Se debe dificultar políticamente esta pretensión de la Comisión (nombrada por políticos y no la que correspondería por parte del Consejo General del Poder Judicial) y para ello los municipios de los partidos judiciales, donde está muy arraigada la noción del Juez de 1ª Instancia e Instrucción, deben emplear todas las fuerzas democráticas, demostrando su firmeza a la oposición del nuevo órgano judicial, y esencialmente a la supresión de los partidos judiciales, especialmente el de Mondoñedo (que tuvo Audiencia Provincial) buscando al mismo tiempo todo acto influyente, demostrando una sobresaliente resistencia al cambio.
Debe hacerse ver a la Comisión, al Sr. Gallardón y a los Gobiernos, que aunque se mejoró sensiblemente en los transportes y comunicaciones, aún siguen siendo, principalmente en el caso del Partido de Mondoñedo, un tanto precarias, muy escasas. No hay más que pensar que para ir hacer una diligencia a A Coruña, hay que pernoctar en esta ciudad. Como otras veces, se pretende legislar desde Madrid, sin conocimientos de nuestra querida Galicia.
Es importante destacar y que no olvide la Comisión, que es ejemplo de buena experiencia, de buen funcionamiento, y de economía, la Fiscalía de la sede del Partido Judicial de Mondoñedo, que tiene jurisdicción en toda A Mariña y en el Partido de Vilalba (que sería la más justa jurisdicción del Partido de Mondoñedo, como tan sólo hace unos días se proponía por el Consejo General del Poder Judicial, órgano idóneo para ello).. Y que resultó un mal ejemplo acumular los Médicos Forenses en la Capital, pues desde eso, a veces, se tarda en levantar un cadáver horas, aunque éste esté en la sede del Juzgado, y sus familiares a la espera angustiosa y desesperadamente. Y las autopsias en la capital son un sufrimiento para los familiares de la víctima e, incluso, para sus amigos. Todo esto venido de las distancias de que hablamos antes.
Nos atrevemos a opinar, con todos los respetos, que los Tribunales de Instancia serán una dificultad de índole constitucional al suponer una merma de las garantías impuestas en los artículos 24 y 117 de la Constitución. Más distancia a los hechos, menos agilidad judicial, ya de por sí y ahora destacada, y más gastos para la Administración.-
Podía prestarse tal tribunal, de no tener todas o las necesarias cautelas, a manipulaciones espurias en menoscabo de la inmovilidad de los jueces, que, incluso, estaría dentro de funciones ingratas al encomendarle funciones variadas de cada poco tiempo y no especializadas, y producirle menor estabilidad, con el consiguiente peligro para la inamovilidad judicial.
Producirá mal estar entre los jueces si al miembro de una Sección Colegiada se le encargan funciones de juez unipersonal, e incluso de instrucción.
Ya la misma Comisión considera lo que se acaba de comentar como un punto crucial.
No vemos justo que tanto se hable de la supresión de las Diputaciones Provinciales y que políticamente se consideren viables y que no pase lo mismo con las Audiencias Provinciales que se suprimen.
Es incomprensible que se supriman los Juzgados de Paz-Registros Civiles, ya tan arraigados, lo que llevará a un mayor gasto económico de los ciudadanos que se verán obligados a pagar más servicios, como por casarse o por inscribir a un hijo y a perder cada vez más servicios.
Y producirá la injusticia de que por un accidente de circulación de poca cuantía, la sociedad tenga que acudir al Tribunal de Instancia a la capital de la provincia, ocasionándole gastos que antes no tenían, y, en algún caso, superior a los daños y perjuicios reclamados.
Pueda ser cierto que por un tiempo continúen los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción en período transitorio como pasó con los Juzgados de lo Penal que también, en un principio, se trasladaban a las sedes de aquellos a celebrar juicios, lo que resultaba ingrato para los jueces y para todos los demás funcionarios y presentaba cierta inseguridad en el procedimiento.
En fin, del borrador se saca, con claridad, que los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, las Audiencias Provincial y los Juzgados de Paz DESAPARECEN, y los funcionarios que vayan preparando las maletas y pidiendo traslado. Y Mondoñedo que vaya mirando otra forma de vida.
Se debe recabar con ahínco la anterior propuesta elaborada por el Consejo General del Poder Judicial, que por otra parte es el competente para ello y no ningún experto nombrado por el Gobierno. Esto es politizar más la Justicia, de lo que está. Y termino: ¡!!Gallardón, cabrón sin mala intención, DIMISIÓN!!!
Así lo opino.
LORENZO ARES ROBLES - Mondoñedo